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Esta obra es un análisis de los orígenes de las políticas de información en España, centrándose en el nacimiento del sistema de bibliotecas públicas en el tránsito entre los años treinta y cuarenta del sigo XIX, cuando tiene lugar la puesta en práctica de una política bibliotecaria con el objeto de nacionalizar los bienes de las comunidades religiosas suprimidas en 1835. El soporte fundamental del trabajo han sido unos ricos fondos documentales, hasta ahora apenas explotados, sobre la dinámica del proceso desamortizador; documentación conservada en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Como el estudio analiza el mundo de las bibliotecas considerando como eje principal la variable tiempo, se ha utilizado la metodología de la historiografía y se ha obtenido un resultado final ajustado a ella, es decir, un discurso científico en lenguaje histórico. Tras el repaso de las iniciativas que se habían desarrollado con anterioridad al periodo álgido de la revolución liberal —años treinta del siglo XIX—, se analiza la exclaustración de las comunidades religiosas y la nacionalización de sus bienes como marco general de la política bibliotecaria. La política documental (nacionalización de los fondos bibliográficos de conventos y monasterios y creación de un sistema de bibliotecas públicas) se debía ajustar a las pautas marcadas en la legislación cultural-bibliotecaria que fue promulgando el Estado para hacerse cargo de los bienes de las comunidades religiosas suprimidas. Sin embargo, el incumplimiento sistemático de las normas ocasionó una deriva desde una situación ideal, en la que se abogaba por bibliotecas públicas independientes, hasta la plasmación final de un sistema bibliográfico deficitario dependiente de los centros de enseñanza media y superior. En la aplicación de las normas se plantearon una serie de problemas que imposibilitaron el cumplimiento efectivo de las mismas. Entre éstos podemos destacar los siguientes: la escasa colaboración de los religiosos en el proceso de nacionalización de sus comunidades, la simultaneidad y falta de previsión en la supresión de aquéllas, la primera guerra carlista, el escaso interés de la Administración por la conservación de los bienes nacionales, la descoordinación entre los diferentes ramos de la Administración y, especialmente, la escasez de recursos económicos. Esa situación provocó la existencia de distintas prácticas en la creación y desarrollo de las bibliotecas públicas, entre las que cabe distinguir: la de aquellas provincias que tenían universidad (entre otras, Barcelona, Granada, Sevilla, Valladolid y Zaragoza); la de las que la tenían, pero fueron suprimidas en aquellos años (como Canarias y Toledo); y la de las que no tenían universidad o, aun teniéndola, no intervino en la gestación de la biblioteca (se aportan los casos de Segovia y Soria). Por último, mediante el análisis de las contestaciones a la encuesta que el Ministerio de la Gobernación solicitó por circular de 13 de julio de 1842 a los distintos jefes políticos provinciales, podemos obtener una radiografía del panorama bibliotecario español al final del proceso desamortizador y nacionalizador.
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